Para esto quieren la policía Macri y Michetti?

Cómo violar los derechos humanos sin policía propia

La gestión de Macri y Michetti promete orden y seguridad, aún a riesgo de convertir la represión en una política de Estado.

Macri usa a un fiscal nombrado por el pro para reprimir las protestas.

Mauricio Macri siguió los acontecimientos desde la ventana de su despacho como si estuviera viendo un partido en un palco de la Bombonera. Con él estaba el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios de menor rango. Uno de ellos mantenía una permanente comunicación telefónica con el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, cuyo secretario a su vez hablaba por otro aparato con la titular de la Fiscalía Contravencional 7, Valeria Massaglia, quien acababa de ordenar a la Guardia de Infantería que impidiera la instalación de una carpa docente frente a la sede del gobierno porteño. Ello primero desató forcejeos y, después, una violenta represión. Su resultado: tres maestros heridos y un paro nacional. Era el atardecer del lunes 20 de octubre y, por cierto, el hecho sorprendió a los diputados que en la Legislatura debatían la ley que permitiría la creación de la Policía Metropolitana. Los incidentes, desde luego, postergaron su aprobación.

En la campaña electoral, Macri enarboló el tema de la seguridad como su bandera más preciada. Ello fue determinante para su llegada a la Jefatura de la Ciudad. Y tras haber sido derrotado en la puja por absorber una parte de la Policía Federal, no tardó en anunciar la creación de una fuerza propia. Hasta fijo el comienzo del reclutamiento para la primera semana de mayo. Vencida la fecha, un parco comunicado dio cuenta de que tal iniciativa recién podrá efectivizarse en septiembre. Pero siete semanas después de concluir ese último plazo, la discusión parlamentaria aún está trabada; entre otros motivos, debido a las imprecisiones del proyecto presentado por el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, el cual contiene un agregado tardío: en agosto, el jefe de Gobierno hizo público el plan de crear una fuerza de choque destinada a reprimir protestas y movilizaciones. Lo cierto es que semejante intención relega de un modo explícito su cruzada contra la inseguridad, puesto que un cuerpo de tales características no perseguirá delincuentes sino contraventores que ocupen plazas, veredas, calles o parques sin autorización. Y con personal de dudosa catadura.

Al respecto, se sabe que entre los asesores de Montenegro resalta el comisario Jorge Fino Palacios, que está procesado por cinco homicidios durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Junto al bacheo y la pavimentación de calles, el control a sangre y fuego del espacio público es una de las obsesiones del ex presidente de Boca. Tanto es así que su gestión empezó con un episodio represivo: el desalojo de cartoneros en Belgrano.

En la noche del 21 de febrero, Montenegro abordó a Macri para transmitirle una novedad: “ Ya está en camino la orden judicial para limpiar la zona”.

La redada policial contra 100 familias asentadas en la esquina de Pampa y la vía –entre las que había 30 niños– tuvo lugar en la madrugada del viernes. Participaron más de 150 efectivos, incluyendo un grupo de la Guardia de Infantería. El saldo: nueve detenidos y seis heridos por la represión. En paralelo, el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, decía a los medios que el operativo se había hecho “por disposición de la fiscal Marcela Solano”. Unos minutos después, ella lo desmintió.

La comedia de enredos hizo que Macri dijera de Montenegro: “Este muchacho no es lo que me dijeron”.

No obstante, para compensar tal falencia, el ingeniero cuenta con la eficacia del fiscal general Garavano, cuyo nombramiento fue impulsado el año pasado en la Legislatura por el bloque del Pro. Ya entonces, éste anunció su intención de restringir el derecho a la protesta y sancionar a quienes hagan cortes de calle para reclamar por sus derechos. Lo cierto es que este atildado hombre de 37 años constituye junto a su subordinada, la fiscal Massaglia, una dupla muy activa. Ambos adquirieron una módica fama cuando los estudiantes secundarios comenzaban a protestar por la reducción de las becas. Desde ese instante, las asambleas y tomas de los colegios se convirtieron en una flamante amenaza que Garavano y Massaglia trataron de conjurar ordenando a la Policía Federal tareas de inteligencia –expresamente prohibidas por la Ley de Seguridad Interior– que incluían la confección de listas negras, además de citar alumnos y padres a las fiscalías contravencionales de la Ciudad. Por otra parte, los vendedores ambulantes y artesanos son otras víctimas preferenciales de esta pareja judicial.

Al respecto, el fiscal general se vio obligado a concurrir recientemente a la Legislatura para dar explicaciones sobre un espectacular operativo ordenado por él durante la mañana del 25 de septiembre en la esquina de Perú e Hipólito Irigoyen.

En esa oportunidad, tras una paciente investigación, un grupo de policías vestidos de civil logró descomisar nada menos que 48 mates con sus respectivas bombillas, además de detener a la artesana que los vendía. Pero el accionar de los uniformados terminó obstaculizado por una manifestación espontánea que al final evitó que un patrullero se llevara a la mujer y sus mates.

Desde entonces, con el beneplácito del gobierno porteño, el fiscal cambió la dirección de su cruzada, ordenando unos 30 desalojos de inmuebles y terrenos ocupados por familias carenciadas.

Al parecer, no está buena Buenos Aires.

[Ricardo Ragendorfer: Miradas al SUR]

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