Desesperado por las elecciones legislativas del año que viene, y acorralado por el escaso nivel de ejecución presupuestaria, Macri planea endeudar a la Ciudad hasta por 30 años, por unos seis mil millones de dólares en lo que resta de su mandato, y concesionar en forma directa obras y servicios públicos sin la aprobación de la Legislatura. Adjudicando las obras a empresas privadas evitando los mecanismos de control previstos en la Constitución porteña.
Acorralado por el escaso nivel de ejecución presupuestaria, el adverso clima financiero internacional y el temor a incumplir con sus principales promesas de campaña, Mauricio Macri se encamina a fundar un sistema de contratación de obras que le permitirá acelerar los procesos de adjudicación a cambio de saltear los mecanismos de control previstos en la Constitución porteña. El jefe de Gobierno creará un Fondo Fiduciario de Infraestructura, semejante al cuestionado esquema de financiación que utiliza el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el que intentará canalizar unos seis mil millones de dólares en lo que resta de su mandato. Macri podrá endeudar a la Ciudad sin la aprobación de la Legislatura y concesionar en forma directa obras y servicios públicos, sin la venia parlamentaria, por hasta 30 años.
El proyecto de ley que Macri ya envió a la Legislatura tiene dos facetas:
* Por un lado, propone la creación del régimen para la asociación del capital privado y el público en el desarrollo de la Ciudad. La intención es atraer empresas que ofrezcan iniciativas “llave en mano”, es decir que diseñen, construyan, financien y operen las obras a cambio de un canon. El proyecto es amplio: permitirá realizar y concesionar desde calles y autopistas hasta escuelas y hospitales. Mientras duren los contratos, el Estado será socio de las empresas.
* La otra cara del proyecto de ley es la creación del Fondo Fiduciario de Desarrollo y Financiamiento de Infraestructura. Este instrumento jurídico le permitirá al Gobierno celebrar contratos con empresas como si ambos fueran privados. Esa asociación al estilo de una S.A. lo facultará para saltear los mecanismos de control que demanda la ejecución del resto del Presupuesto porteño a través de la cuenta única del Tesoro. De este modo, por ejemplo, la legalidad de los actos que realice el Fondo no será controlada por la Procuración General de la Ciudad, sino que, como advierte el propio proyecto, “el Fondo será auditado por una firma de auditoría contable externa que será contratada al efecto”. El plan de Macri tampoco prevé la realización de estudios de gestión para evaluar el modo en que se invierten los recursos. Y la Auditoría General de la Ciudad sólo interviene, con mucha suerte, después de dos años de ocurridos los hechos.
El Fondo estará integrado por los aportes de las empresas que realicen los proyectos y por dinero proveniente de la recaudación: el 7 por ciento de Ingresos Brutos y el 50 por ciento de Patentes. El aporte público superará en 2009 los mil millones de pesos.
El Fondo Fiduciario junto al esquema de iniciativa privada y a la asociación de ese capital con el dinero público le permitirá al Gobierno acelerar los tiempos burocráticos de la adjudicación de obras y servicios. “Las elecciones legislativas del año que viene las tenemos que ganar, sí o sí”, repiten en el entorno macrista. El problema de los tiempos no es un secreto en la Ciudad. En diciembre del año pasado, cuando se votó el Presupuesto 2008, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a invertir 406 millones de pesos en el Plan de Infraestructura Escolar mediante contrataciones directas o licitaciones privadas, ambos mecanismos con plazos acotados de asignación. El compromiso que asumió el jefe de Gobierno fue que realizarían unos 800 arreglos en las 705 escuelas de la Ciudad en 120 días, antes de iniciarse el ciclo lectivo. Ya pasaron 213 días desde que comenzaron las clases y hasta ahora el Ministerio de Educación finalizó sólo 120 obras y otras 101 están en proceso. Según datos oficiales, al 9 de agosto se ejecutaron poco más de 100 millones de pesos, el 25 por ciento del presupuesto asignado.
La preocupación por los plazos quedó evidenciada en otro proyecto que envió Macri a la Legislatura. El jefe de Gobierno propuso obviar la participación de la Procuración de la Ciudad en casi todas las licitaciones y contrataciones directas que en un futuro realice el Ejecutivo. Actualmente, los abogados del Estado están obligados a intervenir en todas las compras y contrataciones que superen el millón de pesos. Ese límite fue propuesto por el propio macrismo a fines de 2006. Ahora quieren elevarlo a tres millones de pesos. “Deben adoptarse las previsiones necesarias para que la gestión administrativa pueda desarrollarse en un marco de agilidad, celeridad y eficiencia adecuados”, argumentó el Gobierno. Esto implicará que en las operaciones exceptuadas no contarán con un dictamen jurídico que dé cuenta que se cumplieron los mecanismos legales de las compras y contrataciones.
Los tiempos burocráticos también chocan con los tiempos políticos. Otro de los grandes capítulos de las promesas de la gestión PRO, el Fondo de Infraestructura Social (FOISO), estuvo siete meses trabado en la Legislatura. Pese a que tiene un bloque de 27 diputados (a cuatro de lograr la mayoría absoluta propia) sufrió medio año para conseguir que los diputados lo autorizaran a emitir deuda por 500 millones de dólares para realizar viviendas, calles, escuelas, centros de salud y arreglos en un centenar de edificios públicos.
La creación del nuevo Fondo Fiduciario de Desarrollo y Financiamiento de Infraestructura le permitirá al gobierno porteño saltear los eventuales tropiezos políticos que, como ocurrió con el FOISO, podrían complicar los esquemas de endeudamiento para financiar las futuras obras. El Fondo habilita al Ejecutivo a contraer deudas en forma indirecta, a través de las empresas que resulten adjudicatarias, y sin que medie una ley de la Legislatura, como obliga la Constitución de la Ciudad.
El Gobierno de Macri ya tiene en carpeta varios proyectos que piensa canalizar a través del nuevo esquema. El más importante es la ampliación de la red de subtes. Otro proyecto que ingresará al Fondo Fiduciario es el anunciado Centro Cívico XXI, el plan de mudanza de la administración porteña a los terrenos que hoy ocupan los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano, en Barracas.
En los hechos, toda la obra pública de la Ciudad y la concesión de servicios podrá ingresar al Fondo Fiduciario. El proyecto advierte que podrán sumarse “otras obras y servicios que determine el Poder Ejecutivo para las áreas de Desarrollo Urbano, Salud, Educación, Cultura, Turismo y/o Seguridad y Justicia”. Sin límites. Un fondo sin fondo. [Damián Glanz, Diario Crítica]
